Este es el comentario editorial publicado por GARA el día 13 de julio del año 2000

Los trabajadores de Egin y Egin Irratia, paganos de una venganza ruin

El próximo sábado se cumplirán dos años desde que el Estado español se atrevió ­en palabras del propio presidente José María Aznar­ a cerrar "Egin" y Egin Irratia. Ninguna de las acusaciones que llevaron a la adopción de tan antidemocrática medida ha sido todavía probada. Pero dejando al margen lo que aquella acción supuso de ataque a la libertad de expresión, de intento de acallar la voz de un amplio sector de la ciudadanía vasca y la espada que pende sobre los procesados, en estos momentos cabe llamar la atención sobre el hecho de que los trabajadores afectados por el cierre están siendo también ahora los paganos de la actuación de los aparatos del Estado.

Representantes de éstos trabajadores ofrecieron ayer una rueda de prensa en la que denunciaron que aún no han cobrado del Fogasa las indemnizaciones a las que tienen derecho. Según han podido saber, existe una recomendación en este sentido del juez Baltasar Garzón. Da la impresión de que a la vista de que no encuentra asideros legales para sustentar la decisión de hace dos años, el magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido verter toda su frustración contra el eslabón más débil de la cadena. Una decisión que evidencia la talla humana de quien la adopta. Garzón determinó el cierre de "Egin" y Egin Irratia, declaró la quiebra de Orain SA y mantiene embargados sus bienes. Sabe perfectamente que la investigación sobre una «sucesión de empresa» tendrá como resultado que ésta es inexistente. Su ingerencia en el terreno estrictamente laboral, que es en el que deben moverse las indemnizaciones del Fogasa, no es más que una venganza ruin ejercida sobre 250 trabajadores y sus respectivas familias. Porque incluso aunque todas las acusaciones del delirante proceso que se sigue contra "Egin" y Orain SA acabaran siendo dadas por ciertas, los trabajadores y trabajadoras del periódico y la radio tendrían el mismo derecho a seguir cobrando sus indemnizaciones. Primero intentaron negarles «el paro» y ahora pretenden robarles lo que es suyo.